No es un titular de prensa sino un slogan de la cadena de distribución italiana CONAD. Esta cadena es una cooperativa que se ha sensibilizado con los ganaderos y ha trasladado al consumidor la necesidad de mantener unos precios de venta dignos. El ejemplo ilustra a la perfección la situación que está padeciendo el sector lácteo, que sufre periódicamente los efectos de una volatilidad de precios que va en aumento y que no cuenta con instrumentos ni políticas que puedan atenuar de forma eficiente sus efectos en las rentas de los ganaderos. En unos casos la volatilidad se centra en los precios pagados a los ganaderos y en otros la presión al sector es una consecuencia del efecto inducido por la volatilidad de los precios de los inputs necesarios para producir la leche, en particular el precio de los cereales y las oleaginosas. Cuando confluyen ambas circunstancias los efectos pueden ser demoledores. 


En este momento además se da la circunstancia de que en algunos Estados miembros de la UE superarán la cuota asignada y por tanto pagarán supertasa, aun a sabiendas de que es la última campaña con cuotas y de que los precios se han deprimido no ya por efecto de un incremento de la producción, sino por la reducción de las exportaciones como consecuencia del veto ruso. Particularmente grave es la situación en los Países Bálticos y Finlandia. En los primeros, los precios se han reducido hasta llegar a 18 cts/litro, en Finlandia todavía están por encima de los 30 cts/litro, gracias a la existencia de una gran concentración de la oferta, que alcanza prácticamente el 100% de la leche producida y del liderazgo de una cooperativa -Valio- que ha sabido capear el temporal diversificando destinos y productos.



Efectivamente el sector vive con gran incertidumbre el impacto de la desaparición del régimen de cuotas, máxime cuando se observa una disparidad de posiciones entre los Estados miembros que impide tomar decisiones y bloquea cualquier iniciativa de la Comisión, actualmente rendida ante su incapacidad de presentar propuestas que puedan contar con la mayoría necesaria para conseguir su aprobación en el Consejo y en el Parlamento.


Ante esta tesitura la solución no es fácil y desde luego proponer una solución milagrosa como están haciendo algunos me parece una ingenuidad. Me voy a limitar a describir lo que para mí son los 3 modelos básicos existentes en España en las primeras fases de la cadena y comentar lo que a mí juicio debería ser la estructura productiva y transformadora más conveniente para los próximos años.


En España un 60% de la producción está en manos de productores individuales que entregan su leche a la industria o a algún primer comprador independiente. Son los más vulnerables y hasta no hace mucho la mayoría entregaba la leche a sus clientes sin mediar contrato alguno, lo que permitía espirales de precios a la baja a la más mínima tensión del mercado, entre otras cosas porque ni la industria ni los intermediarios tenían compromisos previos, al menos formalizados, con los ganaderos.


El 40 % restante de la producción se entrega a través de cooperativas, pero en este grupo hay que distinguir dos modelos. El primero está formado por la mayoría de las cooperativas que agrupan la leche de sus ganaderos para venderla posteriormente a la industria. Mejoran la posición negociadora si los comparamos con el modelo anterior, pero siguen siendo muy vulnerables ante situaciones excedentarias y cuanto mayor es el volumen de leche que agrupan mayor es su vulnerabilidad porque se ven en la obligación de seguir recogiendo la leche de sus ganaderos y colocarla en el mercado, la mayoría de las veces a costa de la bajada de sus precios. Para este modelo puede resultar interesante constituir Organizaciones de Productores y Asociaciones de Organizaciones de Productores con el fin de agrupar un volumen significativo de leche que les permita gestionar su oferta ante situaciones adversas y tener así un cierto impacto en el mercado.



Otras cooperativas no sólo se limitan a concentrar oferta, sino que la transforman y llegan hasta el último eslabón de la cadena. El problema es que actualmente solo representan el 20% de la leche envasada. Este último modelo es el más avanzado, pero está claro que deben diversificar más sus productos, actualmente muy concentrados en la leche UHT, y diversificar también sus clientes, centrados casi exclusivamente en las cadenas nacionales. La internacionalización no es un proceso sencillo ni a corto plazo, requiere además una dimensión mínima. Por otra parte, la diferenciación es un elemento indispensable en todas las cooperativas, particularmente en las lecheras, porque si ésta no se alcanza la única posibilidad para mejorar la competitividad es la reducción del precio de compra a los ganaderos y esto es algo que las cooperativas deben evitar en la medida en que sus proveedores son también sus propietarios. Para todo ello se necesitan economías de escala y una dimensión que actualmente no tienen.


Este ha sido el camino emprendido por las cooperativas de países como Holanda, Dinamarca, Irlanda, Finlandia, los Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda. Para mí está claro que es el modelo a seguir, pero para poder alcanzarlo necesitamos al menos que se den 3 circunstancias fundamentales:

  1. Concentración de la oferta: que los ganaderos individuales (60% de la producción) decidan entregar su leche a través de cooperativas,
  2. Integración: que las cooperativas no transformadoras se integren en las cooperativas transformadoras y que éstas a su vez se integren entre sí o establezcan alianzas que les permitan alcanzar economías de escala con las que rentabilizar mejor sus inversiones para incorporar un mayor valor añadido e internacionalizarse.

¿Es posible?, espero que sí. Pongámonos a ello, porque si no lo hacemos seguiremos a merced de un mercado cada día más volátil y complejo, sufriendo los efectos de una volatilidad que siempre ha estado ahí, pero cuyo impacto se atenuaba a través de unos dispositivos de intervención públicos que hoy ya no tenemos.

Llegué a Bruselas con el Mercado Único Europeo. Era el 1 de enero de 1993. Recién incorporado a la delegación en Bruselas de la entonces Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) tenía  inmensas ganas de aprender, la ilusión de los que empiezan y una gran dosis de ingenuidad que me hacía pensar que podía cambiar el mundo. Así, pregunté a un funcionario español con experiencia cómo se influía en las decisiones de las Instituciones Comunitarias. La respuesta fue muy clara y concreta: ”en Bruselas nunca se toma una decisión en contra de los intereses del país más afectado”. 




Pasaron unos años y pude comprobar que así era. Para muestra la reforma de la OCM de Aceite de Oliva con Loyola de Palacio, quien bajo la perplejidad italiana pudo conseguir para España una Cantidad Máxima Garantizada de aceite de oliva de 720.000 toneladas, cantidad que hoy nos puede parecer ridícula, pero que en aquel momento era más que suficiente para cubrir una buena campaña. Siguieron pasando los años y la última reforma de la misma OCM de Aceite de Oliva se aprobó con el voto en contra de España. Había cambiado la Ministra, es cierto, y era una recién llegada Elena Espinosa, pero ahora, con la experiencia adquirida me atrevo a decir que lo que realmente había cambiado era Europa.




En estos momentos acabamos de estrenar una nueva “legislatura” en el Parlamento Europeo y tenemos un nuevo Colegio de Comisarios.  Ya somos 28 Estados Miembros tras la incorporación de Croacia. La Unión Europea es cada vez más grande, pero también más compleja. Por ello debe definir claramente cual quiere que sea su papel en el mundo y establecer sus prioridades y objetivos.  Las amenazas y los problemas en una economía global son enormes y la posibilidad de afrontarlos con una Europa fuerte y cohesionada son la mejor garantía para superarlos.  Pero para que ello sea posible, deben cambiar muchas cosas. Lo primero tener una apuesta a largo plazo y una misma visión que anime a los Estados Miembros a remar en la misma dirección. No será nada fácil pero el coste de no hacerlo será enorme.

El problema planteado por el veto ruso pone a prueba a la UE, y sin entrar a valorar las decisiones políticas y geoestratégicas adoptadas, lo que es innegable es que las consecuencias las está sufriendo el sector agrario y, por tanto, los mismos que han tomado esas decisiones deberán habilitar mecanismos para compensar los efectos negativos inducidos. La PAC no está preparada para ello y pretender que el fondo de crisis, con una dotación anual de 400 M€, atienda el impacto de un cierre que afecta a una exportación valorada en más de 5.000 M€, eso es no estar a la altura de nuestras propias decisiones.


En definitiva, el veto ruso será la primera prueba para esta nueva etapa institucional, si no se supera con éxito, nos podemos temer lo peor.

Acabo de regresar del IX Congreso de organizado en Castelldefels por la Asociación Española de Economía Agraria. Participé en una mesa redonda sobre el I+D+i en el sector agroalimentario donde salieron a relucir cuestiones muy interesantes que me gustaría compartir con vosotros.

Lo primero que debemos tener claro es que la incorporación de la innovación en la estrategia de la empresa debe ser fruto de una mentalidad compartida por todos los que la integran, porque todos deben estar predispuestos a innovar y, por supuesto, a aceptar la innovación como una mejora constante y permanente.

Lo segundo es que la propensión a innovar crece cuanto mayor es la orientación al mercado por parte de la empresa y, sobre todo, si existen relaciones estables con los proveedores y con los clientes, en la medida en que la transferencia de información y del conocimiento fruto de la especialización de cada una de las partes permite no sólo la identificación de las áreas para la innovación, sino además la obtención y el aprovechamiento más rápido de los resultados por ambas partes.

Las dos áreas que tradicionalmente cubre la innovación en las empresas agroalimentarias son la relativa a la innovación en procesos y la innovación en productos. La primera permite mejorar la eficiencia y la segunda está más orientada a la diferenciación de productos, formatos y presentaciones. Por eso es tan importante que en una empresa haya una mentalidad innovadora, para que se atiendan ambas vertientes, lo que sin duda redundará en beneficio de la competitividad, mejorando la eficiencia (gastos) y diferenciando los productos (ingresos).

 

Otra de las cuestiones destacadas fue el impacto de la crisis en la innovación. Según algún estudio recientemente publicado se ha producido una reducción de la inversión en innovación desde 2007 hasta la actualidad. Sin embargo, en las encuestas que hemos realizado en Cooperativas Agroalimentarias a nuestras cooperativas ha sucedido todo lo contrario, incrementándose la participación de las cooperativas en proyectos en innovación en casi un 5% desde 2008. Además, según nuestros datos, la propensión innovadora crece con la dimensión de la cooperativa, de tal forma que un 57% de las cooperativas con facturación superior a los 60 millones de participan en proyectos de innovación y si son de segundo grado un 64,7%. En esta misma encuesta hemos identificado además que el 28,6% de las cooperativas cuya facturación supera los 60 millones de cuentan con departamento de I+D+i, porcentaje que sube al 35,3% si se trata de cooperativas de segundo grado.

 

En definitiva, la crisis agudiza el ingenio porque nos obliga a ser más eficientes y diferenciarnos de nuestros competidores.  Por ello la innovación es más necesaria que nunca, pero exige conocimiento y mentalización.

 

Acercar las empresas a los investigadores y los investigadores a las empresas y romper esos dos mundos que siguen existiendo en España y que, afortunadamente el tiempo y la crisis los están uniendo, sigue siendo absolutamente necesario. No es posible que los investigadores no estén en contacto con la realidad de las empresas y viceversa. Holanda, Bélgica, Francia, etc, son buenos ejemplos de que empresa e investigación no se entienden una sin la otra, resultando difícil la mayoría de las veces diferenciarlas de lo imbricadas que están. La reducción de los recursos públicos y la mejora continua de la eficiencia de nuestras empresas justifican hoy más que nunca una optimización y racionalización de los recursos existentes y que en los últimos años proliferaron hasta cierto punto sin demasiada lógica.

 

Finalmente, como no podía ser de otra forma en un Congreso de Economía, la innovación nunca se puede contemplar como un gasto, sino como una inversión, lo cual no quiere decir que no esté prevista en los presupuestos anuales de las empresas, al contrario, sino que debemos concebirla como una apuesta decidida por el futuro sin la cual no podremos sobrevivir. La empresa que no innova o no está dispuesta a hacerlo, está firmando su sentencia de muerte, porque en un mundo tan competitivo sólo van a sobrevivir los más eficientes y con mayor capacidad de anticipación.

La Reforma de la PAC es el primer gran dossier comunitario que estrena el proceso de codecisión del Parlamento Europeo. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, el Parlamento ya no se limita a emitir un dictamen no vinculante como sucedía en el pasado, sino que tiene la facultad intervenir en el proceso de toma de decisiones con el Consejo y la Comisión. Este avance debería entenderse como un paso más en la construcción europea y pretende dar más poder a la Eurocámara que, hasta la fecha, ha sido más una institución consultiva que un órgano legislativo como correspondería a un Parlamento.

 

Desde el punto de vista del sector agroalimentario, al menos en lo que respecta a Cooperativas Agro-alimentarias de España, debemos decir que nos lo creímos y apostamos por ello, conscientes de las dificultades pero también de la gran oportunidad que se nos brindaba en la medida en que podríamos transmitir, a través del Parlamento Europeo, nuestras inquietudes y nuestros planteamientos al Consejo y a la Comisión en un escenario de negociación nuevo y mucho más democrático. De hecho, tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como el COPA-COGECA valoramos positivamente los dictamines aprobados por el Parlamento Europeo, por considerarlos más próximos a los planteamientos del sector que las propuestas del Comisario Ciolos.

 

Pero desgraciadamente tengo la impresión de que los hábitos adquiridos en la UE en los 50 años de existencia son difíciles de modificar y la intención del Consejo y de la Comisión de negociar las propuestas emanadas del Parlamento son más bien escasas, por no decir nulas. Esta sensación la tuve la semana pasada en Bruselas, cuando uno de los ponentes de la reforma de la PAC se lamentaba amargamente ante la imposibilidad de abrir líneas de negociación con la presidencia irlandesa, incluso nos revelaba la negativa de la Comisión a facilitarle la información que le estaba requiriendo. El eurodiputado explicó que el presidente del Consejo, el ministro irlandés de agricultura Simon Coveney, consideraba que el acuerdo político alcanzado el pasado mes de marzo en el Consejo de Agricultura estaba pillado con alfileres y, en consecuencia, el margen de maniobra para introducir las propuestas del Parlamento era prácticamente nulo. De hecho, el parlamentario nos comentó que la práctica totalidad de sugerencias realizadas caían en saco roto. La impotencia del Parlamento llega hasta tal punto que existe la amenaza de no ratificar el acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno alcanzado el pasado mes de febrero sobre las perspectivas financieras de la UE, lo cual supondría la parálisis del proceso de reforma de la PAC.

 

Así las cosas, podría pasar de todo: no cumplirse el calendario previsto y no alcanzar un acuerdo antes de la finalización del mes de junio; trocear la reforma y que sólo se aprueben los reglamentos que suscitan un mayor consenso; e incluso alcanzarse un acuerdo. No hacerlo supondría un fracaso estrepitoso del proceso negociador y se complicaría el proceso de reforma ante la convocatoria de elecciones previstas en Alemania para el próximo mes de septiembre.

 

 

Esta situación ha provocado el pánico y el presidente del COPA ha recriminado al Parlamento su amenaza de no ratificar las perspectivas financieras y complicar la discusión en el Consejo para la reforma de la PAC. Todo parece indicar que para nuestros vecinos del Norte más vale una mala reforma que una no reforma. Yo no soy de esa opinión y creo que una reforma a cualquier precio no se justifica ni ante el sector ni ante la sociedad. Pero mucho me temo que al final, como siempre, habrá acuerdo antes de que finalice la presidencia irlandesa. Lo peor vendrá después, cuando haya que convertir el acuerdo político en modalidades de aplicación, un acuerdo cogido con alfileres, donde los puntos oscuros no se han concretado por falta de compromisos precisos. Y lo peor no habrá terminado en Bruselas, vendrá cuando haya que trasponer la legislación comunitaria en España y veamos las dificultades que entraña la convergencia interna, la regionalización, la ausencia de instrumentos de regulación de marcado acordes con la volatilidad actual de los precios, cuando veamos que todo lo relativo al reequilibrio de la cadena se queda en una mera declaración de intenciones y la CNC seguirá capando a sus anchas.

 

Ante esta situación quiero reconocer la labor del Parlamento Europeo, al menos en lo que respecta a la reforma de la PAC, que ha sido mucho más estratégica que los debates desarrollados entre el Consejo y la Comisión, donde el “sálvese quien pueda” ha sido a norma imperante. Por ello, no puedo más que lamentar lo que está sucediendo y seguir apoyando una construcción europea más ambiciosa, donde compartamos una visión de futuro y rompamos de una vez los egoísmos cortoplacistas.

 

Lo dicho, la codecisión, a pesar de estar escrita en el Tratado de Lisboa y contar con el aplauso de todos, se puede quedar en un espejismo, en una declaración política que poco tenga que ver con la realidad, lo mismo que sucede con los principios inspiradores de la PAC: garantía de rentas, seguridad de abastecimiento, preferencia comunitaria,.....que se han mantenido en el Tratado, pero que, a juzgar por los hechos, están corriendo la misma suerte que la codecisión del Parlamento Europeo.

Ninguna reforma de la PAC se ha planteado en un escenario tan complejo como el actual; un contexto de crisis económica sin precedentes, una UE ampliada a 27 Estados miembros extraordinariamente heterogéneos (tanto en lo político como en lo económico), una ausencia de liderazgo claro en la UE, y en particular en la Comisión, la instauración del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y, por si esto fuera poco, o tal vez como consecuencia de lo anterior, una propuesta del comisario Ciolos rompedora, redactada con la pretensión de redistribuir las ayudas de la PAC entre Estados miembros y entre productores e introducir unas exigencias medioambientales (greening) con el fin de encontrar el respaldo de la sociedad que no encontró en sus colegas del Colegio de Comisarios y, sobre todo, en los países detractores de la PAC.


 


La propuesta del Comisario, de llegar a aprobarse en su integridad, hubiera supuesto una reconfiguración sustancial de los pagos directos especialmente grave en España debido a su diversidad productiva, difícilmente compatible con la tasa plana y la convergencia propuesta por el comisario Ciolos.

En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo y la estrategia realizada por el Ministerio de Agricultura que identificó rápidamente los puntos más sensibles y, con una política de alianzas eficaz, consiguió neutralizar la propuesta del Comisario. Por ello hay que valorar el acuerdo político alcanzado esta semana en el Consejo de Ministros, donde España consiguió sus objetivos fundamentales: limitar la superficie elegible para aproximarla a los 22 millones de Has (similar a la existente en la actualidad), beneficiarse de la convergencia externa (que nos beneficia como país al tener una media de pago único por hectárea inferior a la comunitaria) y acotar la convergencia interna, de tal forma que haya un reequilibrio más ajustado a la realidad productiva y no se produzcan graves alteraciones entre productores con respecto a la situación actual.

También se ha conseguido flexibilizar la aplicación del “greening”, especialmente preocupante para los cultivos permanentes, e incrementar el límite para los pagos acoplados al 12%, cuestión fundamental para la ganadería extensiva y algunos cultivos industriales.


En cuanto a las cuestiones de carácter sectorial, se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación del viñedo hasta el 31 de diciembre de 2018 y se incorporan las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que van a permitir mantener hasta 2024 un sistema de limitación de derechos. Esta ha sido una demanda fundamental de los productores que neutraliza la tendencia liberalizadora implantada en los últimos años en la UE. También el azúcar consigue mantener durante dos años más el sistema actual de cuotas que pretendía suprimir la Comisión en 2015.

En definitiva, el Consejo y en particular el Ministerio de Agricultura español, han conseguido atenuar las consecuencias que se podrían derivar de la aplicación de una propuesta de la Comisión que nunca debería haber visto la luz y que, lejos de atender los nuevos retos alimentarios y potenciar la mejora de la productividad y competitividad del sector, potenciaba una agricultura de corte más medioambiental y paisajista que económico.

También hay que destacar la introducción de la coexistencia de programas nacionales de desarrollo rural con programas regionales. Esta ha sido una demanda fundamental hecha desde Cooperativas Agro-alimentarias de España para potenciar la integración supra-autonómica y que fue defendida por el ministro Arias Cañete a pesar de no contar al principio ni con el apoyo de la Comisión ni de otros Estados miembros, pero con el tiempo fue ganando adeptos y perdiendo detractores hasta quedar plasmada en el acuerdo político del Consejo. Otro de los aspectos a valorar es el incremento de la intensidad de las ayudas a las inversiones que soliciten las OPs fusionadas y que conlleven un incremento del 35% de su volumen de comercialización o del número de socios. Esto último será sin duda un estímulo para la puesta en marcha de la Ley de Integración Cooperativa y que debemos valorar en su justa medida.

El capítulo más abierto es el relativo a la OCM Única en lo referente a la organización y vertebración del sector (Organizaciones de Productores, Asociaciones de OPs e Interprofesionales). Este es un aspecto clave para conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria que para Cooperativas reviste especial importancia. Lo mismo sucede con los instrumentos de regulación de mercado, donde países como España y otros 7 Estados miembros han firmado una declaración conjunta defendiendo la necesidad de actualizar los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado y la intervención, de tal forma que tengan en cuenta la evolución de los costes productivos. Ambas cuestiones, las Organizaciones de Productores y la regulación de mercado, encuentran posiciones antagónicas en el Consejo.

 




Por una parte los países del Norte no quieren hablar ni de vertebración del sector (porque ya están vertebrados) ni de regulación del mercado, entre otras cosas porque sus empresas están muy internacionalizadas y encuentran en los países emergentes un refugio para sus excedentes coyunturales. Sin embargo, para España y para los países del Sur, ambas cuestiones son fundamentales para conseguir un equilibrio de fuerzas entre la producción, la industria transformadora y la gran distribución. En este sentido hay que valorar que se haya conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, vino y leche, siendo potestad de los Estados miembros abrir el reconocimiento para los demás sectores.

Siguiendo con las Organizaciones de Productores, es interesante que se les haya concedido la capacidad para acordar una extensión de norma con fines relativos a la sanidad animal, vegetal y la seguridad alimentaria, si bien nos gustaría que prosperase en el trílogo la propuesta del Parlamento Europeo, más ambiciosa, y que permitiría a las OPs y sus Asociaciones retirar coyunturalmente producto del mercado sin necesidad de que tengan que existir problemas de carácter sanitario.

En definitiva, la valoración del resultado del Consejo es, en términos generales, positiva, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de intereses existentes en la UE y que la propuesta de la Comisión venía francamente mal colocada. Si a esto añadimos los problemas y limitaciones comentados al principio, el esfuerzo de la delegación española es, si cabe, más importante.


Quedan ahora dos etapas pendientes: la primera es el cierre de la reforma y la segunda su aplicación en España. En cuanto a la primera, somos ligeramente optimistas porque la incorporación del Parlamento debería mejorar los flecos pendientes, entre otras cosas porque el dictamen del PE va más allá en determinados aspectos que el acuerdo político alcanzado en el Consejo. En cuanto a la segunda somos menos optimistas. Es evidente que aunque se ha conseguido atenuar el impacto de la convergencia interna propuesta inicialmente por la Comisión, no es menos cierto que las referencias históricas han terminado y para que no haya modificaciones sustanciales en los pagos recibidos entre regiones, sectores y productores es necesario realizar un ejercicio de creatividad extraordinario a la hora de definir las “regiones homogéneas”. Y es que el principal problema es que el agricultor considera el pago único como un derecho histórico, con todo lo que eso significa: un derecho adquirido y permanente.

 

Por todo ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España nos hemos concentrado en demandar instrumentos y medidas que permitan al productor mejorar su posición en el mercado y así mejorar su renta sin depender tanto de los pagos directos. Para ello es muy importante que se definan bien los criterios de calificación de las OPs y sus atribuciones, dejándolas cubiertas y amparadas de la actuación de las Autoridades de Defensa de la Competencia, al tiempo que confiamos que la coexistencia de un programa de desarrollo rural nacional con los regionales y los incentivos a las fusiones e integraciones de OPs sean un estímulo para la fusión e integración de nuestras cooperativas. Si finalmente conseguimos que la reforma permita reforzar los estímulos para la mejora de la competitividad y la vertebración y estructuración económica del sector, daremos por buena una reforma que originalmente tenía muy mala pinta y que, entre todos, habremos conseguido enderezar.

La semana pasada se celebró en Budapest el Congreso del COPA-COGECA que giró en torno a la próxima reforma de la PAC y al Año Internacional de las Cooperativas. Sin pretender hacer una descripción pormenorizada de las múltiples intervenciones de los ponentes y participantes, sí me gustaría compartir algunas de las cuestiones planteadas e incluso aquellas que podría calificar de conclusiones.

 

 

1.    . Evidentemente existen notables diferencias entre la parte ganadera y la agrícola, pero el tirón de la demanda presente y futura en los mercados internacionales, y en particular en las economías emergentes, ha creado expectativas favorables que han convertido al sector en protagonista en los mercados y en las instituciones internacionales.

2.    . Cada vez más organizaciones se manifiestan abiertamente favorables a su desarrollo en la UE y critican las limitaciones actuales en un mercado global donde es imposible competir dando la espalda a la biotecnología.

3.    Surgen cada vez más voces que califican la PAC de obsoleta, que no da respuesta a las necesidades del sector ante un mercado cada día más volátil, abierto y desequilibrado. No obstante, sigue habiendo una gran inercia del pasado que pesa no sólo en las instituciones comunitarias, sino también en el propio sector que prefiere  malo conocido que bueno por conocer y, sobre todo, teme que sus críticas puedan ser utilizadas por los detractores de la PAC y de su presupuesto.

4.    El comisario reconoce las tensiones existentes y da a entender que va a haber un recorte a sus propuestas, pero insiste en la necesidad de que se mantenga tanto en el primer pilar como en el segundo, este último altamente vulnerable si tenemos en cuenta que es cofinanciado por los Estados miembros y, en consecuencia, esta opción podría recibir el aplauso de muchos de ellos que se ven incapaces de aprovechar el presupuesto comunitario.

5.    Todos coinciden en que ha venido para quedarse, pero nadie propone ninguna medida concreta. Se considera que es un problema global que debería contar con instrumentos globales acordados en las instituciones internacionales y, en particular, en la OMC. La gestión de la oferta por parte del propio sector se apunta como un mecanismo preventivo que requiere un alto grado de integración para que sea efectiva y su compatibilización con el Derecho de Competencia, lo cual implica necesariamente que se recoja de forma explícita en la reforma de la PAC.

6.    . Esta es una idea del Comisario Ciolos compartida por los países del Sur de la UE pero que encuentra difícil encaje en una UE muy heterogénea donde los nuevos Estados miembros no tienen ninguna experiencia y los nórdicos no la necesitan porque ya están integrados. Precisaría además, como se ha comentado anteriormente, una seguridad jurídica que permitiese quedar a salvo de Competencia.

7.    El comisario adelanta su predisposición a que aquellas prácticas que vayan más allá de la condicionalidad puedan ser reconocidas a efectos de cobrar la parte de ayudas correspondientes al greening. En este sentido está abierto a las sugerencias que se puedan hacer desde el sector o por los propios Estados miembros,

8.    El comisario se manifiesta partidario de que las ayudas por Ha que se apliquen a un mismo sector se vayan igualando, tanto entre Estados miembros como entre diferentes regiones de producción. Sabe que es un tema extremadamente delicado, por ello se manifiesta abierto y flexible, pero deja clara su voluntad de que las referencias históricas no puedan ser utilizadas sine die, incluso explicita su disconformidad con ellas y advierte que plantean situaciones tremendamente injustas entre productores.

9.    Hay coincidencia en su existencia, pero dificultades para encontrar o proponer medidas que lo resuelvan. Ha quedado claro que los códigos de buenas prácticas de carácter voluntario no son suficientes para evitar actuaciones de abuso, pero tampoco hay unanimidad para apoyar iniciativas legislativas de ámbito comunitario y mucho menos para acordar el contenido de las mismas. La razón estriba en el impacto desigual de la integración de las grandes cadenas de distribución en el sector ya que la respuesta en los países del Norte de la UE ha ido en la misma dirección, creando grandes cooperativas que se han convertido en operadores globales, razón que les ha permitido contar con un poder de negociación mejor que en el Sur de la UE. En este sentido, países como Dinamarca, Holanda, Suecia, etc. son más reacios a cualquier intervención de las Administraciones, mientras que en los países del Sur las consideramos indispensables.

10. en el Congreso se ha manifestado un apoyo claro y decidido a las cooperativas como fórmula más adecuada para mejorar las rentas de los productores. En la actualidad existen 38.000 cooperativas en la UE, facturan 360.000 millones de €, asocian a 7 millones de productores y dan empleo directo a 660.000 personas. Entre 2003 y 2008 las 25 cooperativas de mayor dimensión han incrementado su facturación en un 38%. El top 30 tiene un volumen de negocios por cooperativa superior a los 1.000 millones de € y se han convertido en líderes mundiales en sus respectivos sectores.  El valor añadido por las cooperativas duplica el valor de las materias primas entregadas por sus socios.

 

Una vez más se ha puesto de manifiesto que el camino más corto entre dos puntos no es necesariamente la línea recta. No me cabe duda de que el comisario Ciolos quiere lo mejor para la Política Agraria Común, PAC, incluso para los agricultores, aunque a veces resultan difíciles de entender sus métodos y  propuestas.

El  viernes pasado tuve la ocasión de asistir, que no de participar, en un seminario organizado por el comisario de agricultura sobre la próxima reforma de la PAC.  Y una vez más, es el segundo seminario al que asisto de la era Ciolos, la participación del sector (productores, cooperativas, industria agroalimentaria) ha pasado prácticamente desapercibida. Universidad, institutos de investigación, organismos internacionales, instituciones comunitarias, fundaciones medioambientalistas destacaron muy por encima de los representantes del sector.



Por ello no es de extrañar que los temas más citados fueron el “greening” y la sostenibilidad de la actividad agraria. Afortunadamente, la sostenibilidad, fue definida por el Director General Adjunto de la DG AGRI, Pacheco, en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental, aunque la mayoría de los demás intervinientes se concentraron sólo en esta última.

Tras toda una jornada escuchando argumentaciones que poco tenían que ver con la realidad agroalimentaria y, sobre todo, tras las intervenciones de los directores de la DG AGRI y la clausura del Comisario Ciolos, me di cuenta de que el objetivo del seminario no era otro que la justificación del mantenimiento de la PAC. Los representantes del sector fuimos mero “paisaje rural”, porque el seminario iba dirigido a los actores más críticos con el sector, a los que cuestionan incluso la existencia de una Política Agraria Común y buscaba el apoyo del mundo universitario, la investigación y de aquellos medioambientalistas que consideran el “greening” como un cambio en la buena dirección. 

La primera conclusión a la que uno llega es que si el legislador europeo debe convencer a estas organizaciones de la necesidad de mantener una agricultura activa en la UE que, entre otras cosas, les alimenta, algo grave está pasando. No pongo en duda la necesidad de escuchar a todos, pero el legislador debe diferenciar claramente entre quienes representan una sensibilidad, y entre quienes representamos una realidad económica, social y territorial avalada por millones de  agricultores y miles de empresas que viven de una actividad tan  digna y necesaria como la  agricultura y la alimentación.



Por otra parte, la agricultura europea y el conjunto de industrias que componen el sector agroalimentario, constituyen sin duda el colectivo más respetuoso con el medio ambiente de todos los sectores económicos. En los últimos años han realizado un esfuerzo ingente por mejorar las técnicas productivas y hacerlas más sostenibles desde el punto de  vista medioambiental, a pesar de que el mercado no les recompensa el esfuerzo realizado, lo que pone de manifiesto que una cosa son los discursos y otra muy diferente la cruda realidad.

Desde mi punto de vista el objetivo del seminario no fue provocar un debate, sino crear un clima favorable a la reforma de la PAC con vistas a la próxima discusión sobre las perspectivas financieras de la UE. De hecho no hay más que mirar los tres grupos de trabajo que enmarcaron las jornadas: el papel de la PAC en el abastecimiento alimentario, su contribución a la cohesión y desarrollo territorial y, finalmente, su papel en la conservación de los recursos naturales.

La representación del COPA-COGECA en las mesas fue prácticamente invisible y, en particular, en el grupo de trabajo sobre seguridad de abastecimiento los ponentes fueron representantes de la universidad, FAO y la propia DG Agri.

Para mí la intervención más coherente la hizo el representante de la OCDE, Ken Ash,  quien centró su ponencia en la pérdida de competitividad de la agricultura y de la industria agroalimentaria europea desde 1993. El incremento de las importaciones, la reducción de las exportaciones, de los precios internos y de las rentas de los agricultores comunitarios han ido acompañados de un incremento en los precios internacionales y de un crecimiento de la cuota de mercado de países como Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos... En consecuencia, Ash se preguntaba sobre si las sucesivas reformas de la PAC habían ido en la buena dirección y, sobre todo, si las propuestas actuales habían tenido en cuenta el nuevo escenario mundial y los desafíos a los que se enfrenta la agricultura comunitaria en un mercado global.

Creo que la Comisión intenta la cuadratura del círculo, buscando consensos imposibles entre las diferentes posiciones existentes en los Estados Miembros; unos defendiendo el status quo y otros un cambio radical, los que proponen una orientación más medioambientalista y los que consideran que hay que incrementar la productividad y evitar sobrecostes que nos hacen perder competitividad, los que abogan por una mayor regulación de los mercados y quienes defienden una liberalización total,....

En definitiva, lo que tenemos en Europa es un problema de gobernanza y pretender quedar bien con todos es misión imposible. La Comisión debe ser coherente con las necesidades y la realidad del mercado actual y futuro, los demás lo están haciendo de forma decidida y nosotros todavía andamos con seminarios intentando justificar una política que empieza a no gustar a casi nadie.

Bruselas